El gerente general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) de Bolivia afirmó que la burocracia de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) encarece al comercio exterior boliviano en al menos US$7,5 millones de dólares según consignó Fides.
Jáuregui señaló que por información surgida desde Chile se conoció que la ASP-B, agente aduanero boliviano que cuenta con oficinas en el puerto de Arica, no canceló durante año y medio a la empresa Terminal Puerto Arica (TPA) por los servicios prestados tanto a importadores como a exportadores nacionales.
“Solo en la gestión 2017, la ASP-B recaudó en ingresos US$15 millones, de los cuales 7,5 millones deben ir al operador (TPA), por lo que hay US$ 7,5 millones que empresarios pagan para mantener la burocracia estatal (…). La pregunta para el Gerente de la ASP-B, David Sánchez sería: ¿ustedes están encareciendo al comercio exterior boliviano o son los chilenos los malos?”, enfatizó el dirigente gremial.
Según Jáuregui, 40 funcionarios de la ASP-B tienen presencia física en el puerto de Arica y su rol es hacer el papeleo de desembarque de bienes y carga a camión rumbo al país. “Por estos servicios de descarga de la mercadería puesta en camión que vendrá a Bolivia, la ASPB le debería pagar a la TPA porque a los importadores nos cobra anticipadamente, no se mueve ninguna carga sin prepago”, señaló.
A su juicio no se justifica el pago a la burocracia boliviana, que entre otras cosas no informa de manera oportuna ni a la CNC, a la Cámara Nacional de Industrias (CNI), ni a la Cámara Boliviana de Transportes (CBT) sobre lo que acontece en el puerto de Arica.
“Yo, boliviano, preferiría pagarle directamente al señor chileno un monto ´x´ más que ´z´ a la ASP-B porque antes cuando éramos parte del Directorio de la ASP-B conocíamos la información de primera mano, pero en el momento que nos excluyeron a los actores principales el señor David Sánchez se limitó a sacar comunicados vía Facebook”, aseveró el representante de la CNC.
ASP-B debe dar garantías
El gerente general de la CNC, dijo que debido a los desencuentros entre la ASP-B y la TPA no se logró consensos en las tarifas de los servicios portuarios, lo que habría ocasionado el retraso en el pago, pero también denunció que debido a una mala planificación y cero comunicación con los importadores, se produjo un retraso entre cuatro a cinco días en el desembarque de carga en Arica, que no contempló las consecuencias de los oleajes.
“¿Cuál es el tema?, los únicos que exigen son los transportistas, los camiones están en fila, pero la problemática no es solo de los transportistas, sino que no está fluyendo bien nuestro comercio exterior”, aseveró.
El empresario dijo que la ASP-B como único agente aduanero acreditado para el comercio boliviano debe garantizar que la carga que llegue en barco, se descargue y se cargue a camiones y llegue a Bolivia. “Hacen un trámite burocrático que se llama pasar del documento DPU a otro que es del DPUB”, explicó.
Consejo consultivo
Mediante una carta al viceministro de Política Tributaria y presidente del Directorio de ASP-B, Jhonny Morales, la CNC solicita convocar al Consejo Consultivo para dar solución a problemas que afectan el flujo del comercio exterior boliviano.
Recordó que el decreto 2406 crea una instancia como es el Consejo Consultivo dentro de la ASP-B donde participan además del directorio la CNC y la CNI, instancia que consideró importante para abordar estos temas. “Y algo más, se plantea que se considere volver a restituir a la Cámara Nacional de Comercio y a la Cámara Nacional de Industrias en el directorio de la ASP-B que vive gracias a los empresarios que pagan sus servicios”, manifestó.
Cuando la ASP-B estaba en manos de una empresa descentralizada el directorio estaba integrado por cinco miembros: Cancillería, Ministerio de Economía, Ministerio de Desarrollo Productivo por parte del Estado, además de la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de Industrias por parte de los privados.
“Si bien los empresarios eran minoría, por lo menos hacíamos conocer nuestra voz, pero a partir de septiembre de 2016, que sacan el decreto 2406 que cambia la naturaleza jurídica de la ASP-B y la convierte en empresa estratégica y excluyen a los principales actores”, lamentó.
Por MundoMarítimo
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